Este jueves, el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, emitió un contundente ultimátum dirigido al presunto cabecilla armado conocido bajo el alias de ‘Calarcá’ y a otros líderes de grupos ilegales, al término de una estratégica reunión de empalme territorial celebrada en Cundinamarca. La dura advertencia se produjo con el propósito de reafirmar que la seguridad ciudadana será el eje central de su inminente gobierno, dejando claro a las estructuras criminales que el Estado no cederá terreno en la búsqueda de la pacificación del país.
Durante el encuentro, el mandatario electo, quien asumirá oficialmente la presidencia el próximo viernes festivo 7 de agosto en la ciudad de Cali, endureció su discurso frente a la criminalidad. Con la frase «bandido que no se someta, lo vamos a dar de baja», De la Espriella marcó una línea roja inquebrantable frente al accionar de las organizaciones al margen de la ley, anticipando lo que será un cambio de estrategia radical y de mano dura en la política de defensa y seguridad nacional.
El supuesto líder armado, alias ‘Calarcá’, es señalado por las autoridades competentes de comandar una estructura criminal responsable de múltiples alteraciones del orden público y actos ilícitos en el territorio nacional. Al focalizar su mensaje en este tipo de perfiles, el nuevo gobierno enfatiza que los presuntos criminales tendrán que elegir rápidamente entre acogerse a los procesos legales de sometimiento a la justicia o enfrentar el peso operativo de la Fuerza Pública.
Este anuncio en Cundinamarca hace parte integral de las directrices primordiales que el equipo de transición gubernamental está estableciendo de cara a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Según la hoja de ruta del presidente electo, la recuperación del control en las regiones afectadas por la violencia requiere de un mensaje unificado e institucional, donde se mantenga el respeto por el ordenamiento jurídico y el debido proceso de los supuestos delincuentes, pero garantizando una reacción implacable contra quienes persistan en la ilegalidad.
A escasos días de su posesión oficial, el ambiente político e institucional del país se mantiene a la expectativa de las primeras medidas de choque que se decretarán una vez inicie el nuevo cuatrienio. Mientras diversos sectores de la sociedad respaldan la firme promesa de imponer el orden y la ley, analistas de seguridad evalúan los desafíos legales y operativos que implicará ejecutar esta ofensiva institucional, buscando desarticular a los presuntos actores armados y devolverle la tranquilidad a los colombianos. Con RSF
