El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que convoca la consulta popular en Colombia, decisión que llevó a varios congresistas a presentar varias demandas y acciones de tutelas en el Consejo de Estado.
Ante esto, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, defendió la decisión del presidente Petro, asegurando que el Gobierno nacional está “tranquilo” y que “goza de toda la legalidad”.
“Ahí están las cortes, las cortes resuelven, la Corte Constitucional resolverá. Nosotros estamos tranquilos, tenemos absolutamente claro de que la consulta popular decretada por el presidente Petro goza de toda la legalidad. Así que, para eso están las cortes en una democracia”, aseveró Sanguino.
El ministro de Trabajo insistió que el decreto que firmaron durante el sábado 7 de junio, se encuentra dentro del marco legal colombiano.
Antonio Sanguino también destacó el apoyo de los sindicatos y de los ciudadanos con la consulta popular.
“Muy feliz con el respaldo popular en Cali. El caleñazo fue un éxito”, aseguró el jefe de la cartera del Trabajo.
En conversación con Caracol Radio, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, cuestionó al presidente Gustavo Petro por la decisión de decretar la consulta popular.
“Gustavo Petro nos demostró que poco le importa lo que dice la gente y el cumplimiento de la ley”, indicó Mac Master.
La decisión del presidente Gustavo Petro de convocar la consulta popular vía decreto se debe a que en la votación del Senado se presentaron presuntas irregularidades, según el Gobierno, motivo por el cual aprovechó para lanzar críticas contra Efraín Cepeda, presidente del recinto.
“¿Por qué decreto la consulta popular? Porque jamás hubo un concepto favorable en el Senado. Hicieron trampa. Efraín Cepeda lo que hizo fue una vagabundería”, aseguró el mandatario.
Qué viene para la consulta popular
Como se había mencionado con anterioridad, muchos políticos demandaron el decreto, por lo que se espera una batalla jurídica en las altas cortes.
El registrador Hernán Penagos tendrá que definir si acoge el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro, motivo por el cual se espera la organización para la jornada electoral. Existe la posibilidad que Penagos no acoja el decreto y espere una decisión judicial.
En este caso, será la Sala Quinta del Consejo de Estado la que tomará la decisión de dar o no vía libre a la consulta popular por decreto.
El presidente Gustavo Petro afirmó que era la Corte Constitucional la que debía tomar la decisión.
La Silla Vacía reveló que la persona que está detrás de la teoría del decreto, es decir, los argumentos del Gobierno para sacar adelante la consulta popular por esta vía, es el abogado Yefferson Dueñas Gómez, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional.
Si Hernán Penagos, registrador nacional, decide acatar el decreto, deberá iniciar de inmediato las gestiones para asegurar los recursos que permitan financiar la jornada electoral. Para ello, con base en el decreto, deberá remitir solicitudes formales al Ministerio de Hacienda, que sería el encargado de asignar los fondos. Según cálculos del propio Penagos, el costo de la consulta rondaría los 700.000 millones de pesos.
Los recursos para cubrir este tipo de contingencias electorales están contemplados en una partida reservada del Ministerio de Hacienda, identificada como “Dgppn”, sigla de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional.
Existe la posibilidad que Hernán Penagos no acate el decreto hasta que haya un pronunciamiento oficial por parte del Consejo de Estado, en gran medida por las demandas ya anunciadas.
Ante el gran número de demandas que se prevé contra el decreto de la consulta popular, la principal incógnita es cuánto tiempo tardará la Sala Quinta del Consejo de Estado en definir su legalidad. Es probable que las acciones judiciales lleguen acompañadas de solicitudes de medidas cautelares, con el objetivo de suspender de inmediato los efectos del decreto y frenar la realización de las elecciones.
En caso de que la Sala Quinta conceda dichas cautelares, el proceso quedaría suspendido hasta que se emita un fallo definitivo. Esta decisión podría tomar más tiempo y estaría sujeta a un alto nivel de presión política, en medio de un escenario de confrontación entre el Congreso y el Gobierno. Con Infobae
