La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó este jueves la detención de la senadora Martha Peralta Epieyú, para que comparezca ante el alto tribunal en el marco de la investigación que se adelanta por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La magistrada Cristina Lombana tomó esta medida tras la inasistencia previa de la congresista a las citaciones judiciales, con el objetivo de asegurar su presencia en la diligencia y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
El caso en cuestión se centra en presuntas irregularidades y el posible direccionamiento de contratos de maquinaria amarilla en el departamento de La Guajira. Según los investigadores, existen elementos y señalamientos que vincularían a la senadora con el entramado de corrupción que afectó los recursos de esta entidad nacional. La diligencia, que inició tras la intervención de la fuerza pública para trasladar a la legisladora, busca recolectar información clave para definir su situación jurídica dentro del proceso penal.
Por su parte, la senadora Peralta ha negado reiteradamente las acusaciones a través de sus redes sociales, calificando las informaciones sobre su presunta captura o imputación como falsas. La congresista ha sostenido que su comparecencia ante la Corte es un procedimiento normal dentro de las etapas del proceso y ha reiterado su disposición para colaborar con la justicia, insistiendo en que no se le están endilgando cargos formales en esta instancia, sino que se trata de un trámite para aclarar malentendidos sobre su gestión.
Fuentes judiciales han precisado que la orden de conducción no equivale técnicamente a una captura con fines de encarcelamiento inmediato, sino que funciona como un mecanismo procesal para garantizar que el investigado se presente ante el despacho del magistrado. No obstante, la situación ha generado gran expectativa en la opinión pública, dado que se trata de una figura política relevante dentro de la coalición del Pacto Histórico y por la gravedad de los señalamientos en torno a la corrupción en la UNGRD.
El alto tribunal continuará con la práctica de la diligencia de indagatoria, tras la cual los magistrados deberán evaluar el material probatorio recaudado para determinar si existen méritos suficientes para abrir una investigación formal o dictar medidas adicionales. Mientras tanto, el caso sigue siendo monitoreado de cerca por la prensa nacional, dado el impacto que este proceso podría tener en el escenario legislativo y judicial del país. Con RSF
