Uno de los caminos más cortos para llegar a la cárcel es la utilización de los recursos del Estado vía contratación estatal, bien sea como servidor público que recibe coimas o como particular oferente o contratista que las ofrece31 de julio de 2026
En el maremágnum de noticias de corrupción que sobre la contratación estatal todos los días se publican en Colombia, hoy tenemos algunos casos para resaltar: la condena en contra de Carlos Caicedo, el poderoso político del Magdalena; la suspensión ordenada por el Consejo de Estado del traslado de recursos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, por montos superiores a cuatro billones de pesos, para nuevos contratos; los contratos de prestación de servicios de familiares de la joven Gabriela Muñoz en la Aeronáutica Civil; y los contratistas que denunciaron a Juliana Guerrero por varios delitos relacionados con recibir dinero a cambio de garantizar contratos estatales.
Esto apenas es la punta del iceberg, fácilmente podríamos escribir decenas de cuartillas sobre los casos de responsabilidad civil, penal, fiscal y disciplinaria de servidores públicos que a diario son sancionados en nuestro país por transgredir los principios constitucionales y legales de la contratación estatal.
Uno de los caminos más cortos para llegar a la cárcel es la utilización de los recursos del Estado vía contratación estatal, bien sea como servidor público que recibe coimas o como particular oferente o contratista que las ofrece.
Sé que mis alumnos de posgrados en derecho público y administrativo me critican, especialmente por mi eterna cantaleta sobre la moralidad administrativa y el énfasis que hago en mis clases de contratación estatal, en que el dinero fácil por esa vía se convierte en la peor pesadilla de un ser humano y que de nada sirve estudiar tanto para poner en riesgo el buen nombre y hasta la libertad, por un puñado de monedas.
Hoy ministros, congresistas, gobernadores, alcaldes y muchos otros servidores públicos de todos los niveles, unos se encuentran ya en la cárcel y otros esperando su turno. No es menos cierto que otra gran parte de los corruptos continúan disfrutando de extravagancias y lujos que muchos desean, pero sus conciencias nunca estarán tranquilas y no podrán mirar bien a los ojos de los demás colombianos, a quienes nos esquilmaron.
Por estos días de relevo gubernamental, debe haber mucho nervio y paranoia entre quienes tuvieron en sus manos recursos estatales y por acción u omisión recibieron o ayudaron y permitieron que otros recibieran dinero proveniente del erario, sin derecho a él. No es para menos.
Pero quienes llegan al poder, bien sea como repitentes o primíparos, dentro de poco, también estarán en las mismas.
Está demostrado que la codicia y el empleo de los atajos para ser rico no tienen color ni ideología política, así que no creamos en los golpes de pecho que se dan muchos de los nuevos gobernantes.
Los carteles de la contratación estatal, de toda índole, seguirán entre nosotros por mucho tiempo, desde el ente territorial más pequeño hasta las encumbradas cúpulas del poder.
Algunos creen que con el dinero y el poder se compra todo, incluso a la justicia; lo cierto es que a muchos no les ha alcanzado. Pongámonos a hacer el ejercicio de cuántos superpoderosos de ayer, hoy no valen nada ante la sociedad.
COLOFÓN: Para no desentonar en este colofón, le hacemos la pregunta a los precandidatos a la Alcaldía de los 25 municipios de nuestro departamento: ¿ya iniciaron los contactos con los contratadores y contrataderos a quienes les van a hipotecar el presupuesto en caso de ser elegidos alcaldes? Los estudios previos para caminar por la cornisa del Código Penal y del Código Disciplinario en la contratación estatal inician buscando los recursos para la campaña. Mucho cuidado, que es por ahí donde esto comienza.
Por: Jorge Nain Ruiz Ditta
