La explotación carbonífera es una actividad cuya finalidad es clara: sacarle el carbón al suelo, exportarlo y generar inversión. No nos enredemos con palabras maquilladas, esa es la forma en que esas multinacionales operan a nivel mundial. Y en Colombia no es la excepción.
Ahora bien, la pregunta obligada es: ¿qué beneficios reales le quedan a las tierras de donde sale ese mineral? La pregunta es buena, pero la respuesta termina siendo amarga.
Directamente sí genera empleo, como también debería generar inversión para el municipio y el departamento. En el Cesar ya van alrededor de 35 años de operaciones mineras, con Drummond Ltd. como gran protagonista. Inicialmente todo se concentraba en el centro del departamento, compartiendo municipios como La Jagua y El Paso (con su corregimiento La Loma), pero en esta última década las operaciones se han extendido acaparando Becerril, Codazzi e incluso Chiriguaná.
En el papel parece un negocio redondo y justo: la empresa llega, extrae, genera empleo, invierte y todos contentos. Pues no, lastimosamente no ha sido así. En generación de empleo podríamos decir que sí se cumple. Las economías locales se mueven bastante, pues un drumero, como le llamamos coloquialmente, puede ganar entre cuatro y veinte millones de pesos mensuales según el cargo. Además, indirectamente se benefician muchas personas: la que arrienda la habitación, la que lava la ropa, la que vende la comida, o el mototaxista que hace la ruta para el bus. Muchas familias sobreviven de esto y logran sacar adelante a sus hijos con mejores oportunidades de estudio.
Pero como habitante, y consejero de juventud me nace una profunda preocupación. En el llamado corredor de la vida —tema que ya toqué en un artículo crítico anterior—, todos los municipios que lo conforman, sin excepción alguna, carecen de los servicios públicos básicos. No hay un alcantarillado digno ni agua potable 24/7 para la gente. ¿Dónde está la plata? Son miles de millones de pesos en regalías que entran año tras año, pero poco o nada se ve reflejado en la calidad de vida.
Y por si fuera poco, a la comunidad de mi pueblo, La Loma, la aqueja una situación insostenible: desde hace mucho tiempo, por causa de las voladuras, muchas viviendas se están agrietando poco a poco. El miedo ya es constante, al punto de que parece que diario temblara. Muchos vecinos lo dicen con angustia: «Un día de estos me cae esta pared encima».
¿Quién responde legal y materialmente ante esto? La comunidad necesita una explicación clara y una solución inmediata.
He escuchado comentarios irresponsables diciendo que esto pasa porque las casas están mal construidas o que la gente debió hacer un estudio de suelos previo. Esa excusa aquí no vale. La gente construye sus viviendas con el esfuerzo de su vida para vivir dignamente con sus familias, no para que su propio hogar se vuelva un calvario ante las voladuras, o más bien; los sismos diarios. Porque eso es lo que parece, llegando las 12:00 y 12:30 del mediodía no pela ese estruendo.
Es algo que ya se sale de las manos. Bastante tenemos ya con no tener agua potable la mayoría de los días de la semana, como para tener que soportar otra carga mas.
Que la minería traiga recursos no puede significar que el pueblo tenga que pagar el costo con su tranquilidad y sus casas agrietadas.
No me opongo a la minería. Al contrario, respaldo una explotación responsable y bien hecha, donde la comunidad y las multinacionales trabajen siempre alineadas.
Por: Camilo Cuadro
