La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso una sanción alternativa de seis años y tres meses de privación de la libertad al coronel retirado Juan Carlos Figueroa Suárez, por su responsabilidad en 38 asesinatos que fueron reportados falsamente como muertes de integrantes de grupos armados en combate.
Los hechos, asociados al fenómeno conocido como falsos positivos, ocurrieron durante el periodo en que el oficial estuvo al frente de una unidad militar del Batallón La Popa, en Valledupar, entre el 7 de enero de 2004 y el 9 de julio de 2005. Dentro del grupo de víctimas había integrantes de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo.
Según la información del proceso, el exmilitar aceptó su responsabilidad en 24 hechos, mediante un reconocimiento que se produjo de manera tardía. El trámite, que inicialmente avanzaba por la vía adversarial, pasó a un procedimiento dialógico restaurativo después de que Figueroa Suárez admitiera los hechos y participara en las audiencias realizadas el 27 y 28 de agosto.
La sanción deberá cumplirse en un establecimiento de reclusión especial y no se limita a la privación de la libertad. El fallo contempla 11 obligaciones restaurativas encaminadas a reconocer el daño causado, contribuir al esclarecimiento de la verdad y dignificar la memoria de las personas asesinadas.
Entre los compromisos establecidos se encuentran acciones públicas para restablecer el buen nombre de las víctimas, entregar información que ayude a localizar a personas desaparecidas y desarrollar iniciativas de memoria en los territorios afectados.
Asimismo, la decisión incluye órdenes dirigidas a entidades estatales para impulsar la búsqueda e identificación de desaparecidos, facilitar el acceso a la reparación material, revocar las condecoraciones otorgadas al compareciente por resultados operacionales y realizar un acto público de petición de perdón en nombre de las Fuerzas Militares.
