El autor relata su experiencia como aspirante a rector de la Universidad Popular del Cesar y describe cómo, según su percepción, la institución tiene “dueños” invisibles que ejercen control a través de relaciones de dependencia laboral, política y académica sobre docentes, egresados y estudiantes. Cuestiona si en estas condiciones existe verdadera libertad para elegir a quienes gobiernan la universidad pública y advierte que, mientras se disputan el poder y los recursos, los estudiantes esperan que la educación y la investigación sean prioritarias. Cierra señalando que las prolongadas disputas judiciales y los encargos también pueden resultar un negocio.
“Profe, no se meta, que eso tiene dueño. Yo sé por qué se lo digo”. Así me advirtió uno de mis alumnos del posgrado de Derecho Público de la Universidad Popular del Cesar, cuando se enteró de que yo tenía aspiraciones de llegar a la rectoría de la universidad pública del departamento donde nací.
Confieso que aquella frase me quedó sonando. También me llamó la atención el desaliento de algunos familiares cuando les conté mis intenciones. Ninguno se atrevió a decirme que desistiera, pero después comprendí que temían que gastara mis escasos ahorros en una campaña cuyo resultado, al parecer, otros ya tenían resuelto.
Estuve a punto de renunciar cuando apenas llevaba unos días inscrito. Sin embargo, pudo más mi curiosidad que las advertencias. Me dije: si esta universidad tiene dueños, quiero saber quiénes son. Y la única manera de averiguarlo era metiéndome en la contienda.
Lo primero que encontré fue un ambiente donde se discutía abiertamente si algunos de los aspirantes más fuertes cumplían los requisitos o estaban incursos en inhabilidades. Era vox populi entre docentes, administrativos y candidatos. Pero también percibí algo más inquietante: la convicción de que, con el respaldo político suficiente, hasta los obstáculos jurídicos podían terminar convertidos en simples molestias.
Comencé entonces a buscar a los famosos dueños. Entre los docentes advertí la influencia de quienes deciden o intervienen en su vinculación laboral. No hace falta que alguien ordene expresamente por quién votar cuando de por medio están la continuidad del trabajo y las expectativas de un nuevo contrato. Ahí encontré a los primeros.
Después fui tras los votos de los egresados. Muchos trabajan en entidades públicas departamentales y municipales, donde las recomendaciones y los respaldos políticos suelen tener un peso considerable. Allí aparecieron otros dueños, vinculados a los grupos que se disputan el poder regional.
Y faltaban los estudiantes, la mayor fuerza electoral. En ellos percibí otra forma de dependencia: el temor reverencial frente a ciertos profesores y la influencia que estos pueden ejercer sobre sus decisiones. ¿Qué tan libre es un voto cuando quien recomienda también tiene poder sobre el futuro académico del votante?
Ahora bien, no pretendo afirmar que todos los docentes presionen ni que todos los estudiantes y egresados obedezcan. Sería injusto. Pero tampoco voy a fingir que las relaciones de dependencia desaparecen mágicamente cuando llega el momento de votar.
La universidad pública debería ser el templo de la libertad de pensamiento. Sin embargo, en mi experiencia como aspirante a rector encontré demasiadas razones para preguntarme si esa libertad alcanza también para elegir a quienes la gobiernan.
Y es que una universidad pública resulta bastante apetecible para quienes entienden el poder como un negocio: tiene presupuesto, contratos, empleos, influencia social y una comunidad electoral que puede resultar atractiva para las maquinarias políticas. ¡Qué tentación tan grande para quienes confunden administrar lo público con disponer de lo ajeno!
Lo más triste es que mientras unos se disputan el control de la institución, los estudiantes siguen esperando que la educación, la investigación y la calidad académica sean las verdaderas prioridades.
Al final de mi aventura no encontré escrituras de propiedad ni certificados de tradición a nombre de aquellos personajes. Tampoco esperaba encontrarlos. Los dueños de los que me habló mi alumno no necesitan figurar en una notaría: les basta con influir en las decisiones que deberían tomar libremente los universitarios.
Las universidades públicas son de todos los colombianos. Eso dicen la Constitución y las leyes. Pero después de lo que viví, comprendo por qué aquel estudiante me aconsejó no perder mi tiempo.
Colofón: La elección de rector de la UPC sigue dando de qué hablar en los estrados judiciales. Y mientras se discute quién reúne los requisitos para dirigirla, vale la pena preguntarse quién gana con los encargos prolongados y las elecciones que terminan en pleitos. Porque en estas disputas no siempre pierde quien se queda sin rectoría; a veces pierde una universidad entera. ¡Y el encargo también puede resultar un buen negocio, socio!
Por: Jorge Nain Ruiz Ditta
