Los contratos en cuestión, identificados como 2020-09-006, 2020-09-008, 2020-09-009 y 2020-09-024, fueron destinados a la provisión de ayudas alimenticias para la población vulnerable durante el estado de emergencia económica, social y ecológica decretado por el Gobierno nacional. Estos contratos fueron celebrados en medio de la crisis generada por la pandemia, cuando el Estado implementó medidas para mitigar los efectos sociales y económicos de la emergencia sanitaria.
La Procuraduría determinó que no hubo evidencia suficiente para probar que Monsalvo hubiera incumplido su deber de supervisión sobre dichos contratos, lo que resultó en la absolución del exgobernador. La decisión se da a conocer después de una investigación interna en la que se evaluó si hubo actos de negligencia o incumplimiento por parte de Monsalvo en la gestión de los recursos públicos en tiempos de crisis.
Con esta resolución, el exgobernador del Cesar deja atrás este proceso disciplinario.
