En la tarde del viernes 23 de mayo, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el general Carlos Oviedo, negó tener conocimiento de que la familia del niño Lyan Hortúa, secuestrado al parecer una disidencia de las Farc, hubiera pagado a los criminales por el rescate del menor.
Durante una rueda de prensa sostuvo que, por el contrario, trabajaban en las posibilidades que tenían en el marco de la normatividad colombiana para lograr que el pequeño de 11 años de edad retornara con su familia.
“La Policía Nacional no tuvo conocimiento del pago de algún monto de dinero por el rescate del menor”, aseguró en el diálogo con los representantes de los medios de comunicación.
Además detalló que estaban trabajando en dos líneas para lograr su retorno, la más importante lograr la gestión con organismos multilaterales y de defensa de Derechos Humanos para que lo entregaran.
“La primera era la mediación humanitaria de Naciones Unidas, la Cruz roja Internacional, y de la arquidiócesis de Cali, que estuvieron haciendo acercamientos con esta estructura, la Jaime Martínez», explicó.
Mientras que la otra posibilidad que contemplaban era acorralar y lograr la judicialización de los criminales que raptaron al niño.
“Por otro lado, la línea investigativa que con la Fiscalía General de la Nación estábamos avanzando era a través de un programa metodológico con unos materiales probatorios. Estamos esperando, como dije anteriormente, poder identificar a los autores materiales, como intelectuales del hecho, y lograr las capturas de los mismos”, reiteró.
Por su parte el personero de Cali, Gerardo Mendoza, indicó que los secuestradores pretendían un intercambio del menor por uno de sus familiares, aunque no reveló quién.
“No se puede perpetuar la criminalidad aceptando un canje, porque delito no se canjea por delito. No deja de ser un delito que liberen a Lyan y retengan a otra persona”, refirieron de sus declaraciones en la emisora Blu Radio.
Agregó que al menor se lo llevaron por descarte, porque no era su objetivo, ya que iban era por uno de sus familiares adultos.
“Por eso reconocen el error, dice que el niño es secuestrado por error, entonces cuando reconocen el error como personero yo reclamo y digo bueno el error se enmienda liberando a Lyan”, reveló sobre las negociaciones el funcionario.
Petro pidió que prevalezcan los derechos del niño
La liberación del niño Lyan Hortua, inicialmente vista como un logro en Colombia, se convirtió en un episodio de violencia tras el asesinato de Jesús Antonio Cuadros, primo del padrastro del menor. Cuadros fue quien entregó los 4.000 millones de pesos del rescate el jueves 22 de mayo. Este hecho, junto al homicidio ocurrido en Cali, revela un esquema criminal que involucra a grupos narcotraficantes y disidencias armadas.
El secuestro de Lyan habría estado relacionado con la estructura Jaime Martínez, una facción disidente de la desaparecida guerrilla de las Farc, y que encabeza Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.
Sin embargo, las investigaciones sugieren que este grupo actuó en colaboración con miembros de la antigua organización de Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, quien cumple condena en Estados Unidos por tráfico de cocaína.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció al respecto, enfocándose en la solidaridad con el menor, a quien calificó como la principal víctima de esta tragedia.
“Lyan no tiene la culpa. Cono niño debe ser respetado. Los secuetradores posiblemente del EMC solo mostraron que estan en la lógica típica de los narcotraficantes[sic]”, afirmó en su cuenta oficial de la red social X. Con Infobae
