El viernes 23 de mayo se conocieron nuevas pruebas de supervivencia de los soldados profesionales Julián Reinel Sáenz y Yimer Andrés Coral que fueron raptados por miembros del ELN a inicios de abril en el barrio Colinas del Tunal de Cúcuta (Norte de Santander).
A través de un video el grupo armado organizado señaló que estaban a la espera de lograr un acuerdo con el Gobierno del presidente, Gustavo Petro, para dejar en libertad a los militares.
Luego de que se conociera la grabación, en la que los mismos uniformados, evidentemente constreñidos por los insurgentes, imploraron para que se llegara a una negociación para regresar con sus familias, el ministro de Defensa, el general en uso del buen retiro Pedro Sánchez, se pronunció y aseguró que están adelantando labores humanitarias para que culmine su cautiverio.
“Desde el 9 de abril, momento en el cual ocurrió el secuestro de dos de nuestros soldados, inmediatamente activamos todos los canales para traerlos. Hoy sabemos que están vivos y sabemos que los acercamientos que hemos hecho con la Delegación del Gobierno nacional de paz para traerlos con vida está funcionando”, informó el alto funcionario en un video durante la tarde del mismo viernes.
El ministro insistió en que han estado trabajando para lograr que vuelvan con sus allegados y con su familia “que es la Fuerza Pública” y expresó su firme deseo de que la puesta en libertad de los uniformados se dé pronto.
“Nosotros siempre vamos a garantizar las condiciones que sean acorde a la Constitución y a la ley para traerlos nuevamente a casa”, agregó.
Durante la grabación también intervino la negociadora del Gobierno nacional con el ELN, Vera Grabe, que señaló que lo que más le interesaba era salvaguardar a los dos uniformados.
Al siguiente día de la retención ilegal de los dos soldados, el grupo armado organizado se atribuyó el plagio y sostuvieron que lo perpetraron porque supuestamente ellos estaban amedretando a la población civil.
“Estos militares se encontraban realizando actividades de espionaje e intimidando a la población civil bajo el manto de la conmoción interior decretada por el Gobierno de Petro, en una región que soporta una fuerte militarización que, en descarada alianza con la banda del 33, violan todos los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario de manera flagrante [sic]”, señalaron en un comunicado.
El día del secuestro, los militares estaban patrullando en el mencionado sector cucuteño cuando fueron interceptados y retenidos por los guerrilleros.
Según las autoridades, los uniformados circulaban en un vehículo motorizado debido a denuncias ciudadanas relacionadas con extorsión. Una vez detenidos, los hombres armados obligaron a los soldados a subir a otro vehículo, perdiéndose toda información sobre su paradero.
La Segunda División del Ejército de Colombia, mediante una declaración oficial, rechazó tajantemente el secuestro.
“Exigimos la pronta liberación de nuestros soldados, así como el respeto de sus vidas e integridad física”, expresaron en otra misiva.
Norte de Santander es uno de los territorios más afectados en la actualidad por la violencia guerrillera, en especial en la región de El Catatumbo, en zona de frontera con Venezuela, donde desde mediados de enero se disputan con una disidencia de la extinta guerrilla de las Farc las rutas del narcotráfico por el hermano país, lo que ha tenido como consecuencia el desplazamiento forzado de más de 60.000 personas, el confinamiento de más de 10.000 y un centenar de homicidios. Con Infobae
