El presidente Gustavo Petro confirmó que varios de los colombianos detenidos en México tras el ataque con una narco-mina en Michoacán son exmilitares que formaron parte del Ejército Nacional.
Este atentado, ocurrido el 27 de mayo en la comunidad de El Santuario, municipio de Los Reyes, dejó un saldo de ocho militares mexicanos muertos.
Según informó el mandatario durante una alocución televisiva, los detenidos habrían participado en redes criminales internacionales, lo que llevó a Petro a declarar que “Colombia no puede exportar mercenarios”.
De acuerdo con las autoridades mexicanas, el ataque se produjo cuando un convoy del Ejército y la Guardia Nacional transitaba por un camino de terracería en una zona disputada por grupos criminales.
Tres días después, el 30 de mayo, se llevó a cabo un operativo en el fraccionamiento Villa de Oriente, en el mismo municipio, en el que fueron capturadas 17 personas presuntamente vinculadas al atentado.
Entre los detenidos se encuentran doce ciudadanos colombianos, cuya nacionalidad y pasado militar fueron confirmados posteriormente por la Cancillería de Colombia.
En un comunicado oficial, la Cancillería expresó sus condolencias por la muerte de los militares mexicanos y aseguró que los detenidos recibirán atención consular para garantizar el respeto a sus derechos legales, procesales y humanitarios.
Además, el Gobierno colombiano destacó que la mayoría de los colombianos que viajan a México lo hacen por motivos legítimos, como el turismo o la participación en actividades académicas y científicas.
Sin embargo, también reconoció la existencia de redes delictivas binacionales que involucran actividades como el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de migrantes y la cooptación de personal con formación militar para actuar como mercenarios.
Durante el consejo de ministros celebrado el martes 3 de junio en la casa de Nariño, Petro abordó este tema en el contexto de una serie de preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional y el impacto del narcotráfico en Colombia.
El mandatario señaló que el narcotráfico debe ser procesado en la justicia internacional y anunció que presentará una denuncia contra el ELN ante la Corte Penal Internacional.
Según Petro, este grupo guerrillero dejó de tener ideales revolucionarios y ahora actúa como aliado de narcotraficantes extranjeros, participando en crímenes como el asesinato de indígenas en el país.
Así mismo, el jefe de Estado también se refirió a la masacre ocurrida en el resguardo indígena de Cuaiquer Viejo, en el municipio de Ricaurte, departamento de Nariño, en el que fueron asesinados el líder indígena Aurelio Araujo Hernández y sus escoltas Jesús Alveiro Chaves Quejuan y Yackson Orlando Solarte Chunata.
Petro calificó este ataque como un “crimen dantesco” y afirmó que el ELN está utilizando los conflictos interétnicos en la región como una estrategia de apoderamiento. Además, relacionó este hecho con un intento de asesinato en su contra, señalando que en ambos casos se emplearon armas de fabricación rusa capaces de destruir vehículos blindados.
En su intervención, Petro lamentó que la Corte Constitucional haya tumbado los decretos del estado de conmoción interior en el Catatumbo, pero aseguró que el Ejército no se retirará de la región. También denunció la participación de extranjeros en actividades criminales, mencionando el caso de un colombo-albanés capturado en la frontera mexicana con un arma de la Armada Nacional. “El Ejército ni la Policía pueden colaborar con estos asesinos”, afirmó.
El Gobierno nacional hizo un llamado a reforzar los mecanismos de cooperación judicial e investigativa con México para enfrentar la expansión de las redes delictivas que operan en ambos países. Según el comunicado de la Cancillería, estas redes no sólo están vinculadas al narcotráfico, sino también a otros delitos transnacionales que afectan la seguridad y la estabilidad de la región.
La Cancillería emitió un comunicado en el que señaló que, tras verificar las identidades de los detenidos, se determinó que estos individuos “tuvieron relación con las Fuerzas Militares de Colombia en el pasado”.
El ataque, que ocurrió en el municipio de Los Reyes, colindante con el estado de Jalisco, llevó a una operación especial del Ejército mexicano el jueves de la semana pasada.
Durante el operativo, se detuvo a un total de 17 personas, incluidos los once colombianos, quienes fueron encontrados en una “casa de seguridad”.
En el lugar, las autoridades descubrieron material utilizado para la fabricación de minas antipersonales, así como tres armas de fuego, decenas de cargadores y cartuchos.
Según las investigaciones, los detenidos formarían parte de una célula vinculada al cártel de Los Reyes, una organización criminal que surgió hace aproximadamente una década como una escisión de los grupos de autodefensa creados en 2013 para combatir al cartel de Los Caballeros Templarios.
En su comunicado, la Cancillería aseguró que los detenidos recibirán atención consular para garantizar sus derechos legales, procesales y humanitarios.
Además, lamentó los hechos y destacó que la mayoría de los colombianos que viajan a México lo hacen con fines turísticos o como parte de una comunidad académica y científica que contribuye al desarrollo cultural, social y económico del país.
La participación de ciudadanos colombianos en actividades criminales en el extranjero no es un fenómeno nuevo, pero este caso ha generado preocupación debido a los antecedentes militares de los detenidos.
Las autoridades colombianas reiteraron su compromiso de brindar asistencia consular a sus ciudadanos, al tiempo que subrayan la importancia de diferenciar entre los colombianos involucrados en actividades ilícitas y aquellos que contribuyen positivamente a las comunidades en las que residen o visitan. Con Infobae
