El 11 de agosto de 2025, el precandidato y senador de la República Miguel Uribe Turbay falleció tras permanecer dos meses hospitalizado en la Fundación santa Fe, Bogotá, tras recibir dos disparos en su cabeza en un atentado perpetrado el 7 de junio.
El caso puso en el centro del debate las deficiencias del esquema de seguridad estatal por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y las posibles consecuencias legales para el Estado colombiano.
El abogado Francisco Bernate hizo un análisis en entrevista con Caracol Radio en el que partió de un hecho contundente: “El Estado colombiano ha sido obligado a reparar a personas que han sido asesinadas como consecuencia de una inadecuada protección a su vida y a su integridad”, dijo.
Bernate recordó que, aunque los precedentes son escasos, marcaron la jurisprudencia nacional e internacional. Uno de los casos más emblemáticos es el de Jesús María Valle Jaramillo, defensor de derechos humanos asesinado en 1998 tras denunciar la colaboración entre el Ejército Nacional y grupos paramilitares en el departamento de Antioquia.
A pesar de las amenazas explícitas que pesaban sobre Valle, el Estado no reforzó su protección, lo que derivó en su asesinato a manos del grupo La Terraza. Tanto la Corte Interamericana como el Consejo de Estado declararon responsable al Estado colombiano y, en 2007, ordenaron una indemnización a la familia de Valle por las omisiones graves.
En el caso de Miguel Uribe Turbay, la investigación reveló 26 solicitudes formales para que se protegiera su vida, que fueron desatendidas por la UNP. Esta cifra, resaltada por Bernate evidencia una omisión sistemática en la respuesta estatal ante el riesgo que enfrentaba el senador.
El togado puntualizó que, aunque existió una acción determinante de terceros —incluyendo la participación de un menor y de una organización criminal—, la responsabilidad del Estado no se diluye: “El Estado colombiano incurrió en una grave omisión a su deber de cumplir a esta persona, de manera que es previsible”.
Durante la audiencia preliminar del caso ya se plantó la posible responsabilidad estatal, y es probable que los familiares y allegados del senador presenten una demanda contra el Estado colombiano, argumentando la omisión frente a un candidato opositor que había manifestado reiteradamente su preocupación por la seguridad. Según Bernate, aunque estos procesos suelen extenderse en el tiempo, existen fundamentos sólidos para que el Consejo de Estado aplique precedentes similares y condene al país a indemnizar a los afectados.
El monto de una eventual indemnización, explicó el abogado, dependerá de factores como la participación de terceros, en este caso, la intervención de un menor, lo que podría atenuar la responsabilidad directa del Estado. No obstante, Bernate insistió en que “hay argumentos para pensar que el Consejo de Estado puede aplicar este precedente y condenar a nuestro país a indemnizar”.
Para el penalista, el aspecto económico resulta secundario frente a la obligación estatal de garantizar la seguridad de los integrantes de la oposición política.
El valor simbólico de estas sentencias, según Bernate, radica en el mensaje que envían sobre la importancia de proteger a quienes se encuentran en riesgo por razones políticas. Aunque las sumas otorgadas en estos fallos no suelen ser elevadas, las sentencias adquieren un alto valor simbólico, contribuyendo a reforzar la responsabilidad del Estado y la necesidad de prevenir hechos similares en el futuro.
Augusto Rodríguez, director de la UNP, se defendió de los cuestionamientos en la gestión de protección para el senador Miguel Uribe Turbay. En ese sentido, indicó: “Nosotros hemos revisado todos nuestros procesos, nuestros protocolos y hemos encontrado que cumplimos con todo lo que tiene que ver con el cubrimiento de las personas que tenían que estar. Igualmente, que tuvieran el equipo adecuado, los vehículos funcionales, el armamento y la munición. Todo en su debido estado correcto de funcionamiento”. Con Infobae
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