La Defensora del Pueblo, Iris Marín, emitió este martes un comunicado en el que expresa su profunda preocupación sobre los presuntos vínculos entre miembros de las disidencias de las Farc y miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del Estado denunciados en medios y demandó acelerar las investigaciones para establecer la veraciudad de estos hechos.
Además, señala que el presidente Gustavo Petro debe evaluar de manera integral tanto los acuerdos de paz alcanzados como la información proveniente de diversas fuentes sobre el comportamiento de los grupos armados.
Igualmente indica que «es necesario exigir hechos que demuestren una voluntad auténtica de paz, en particular una reducción efectiva de las afectaciones a la población».
«De ser ciertas, indicarían, no solo un plan distinto de parte del grupo, sino cuestionamientos sobre la integridad de todo el Gobierno en un proceso incorruptible que conduzca a la paz», puntualiza.
Este es el texto integral del pronunciamiento de la Defensora del Pueblo:
1. El Presidente de la República tiene la facultad y obligación de garantizar el orden público en todo el país. Para ese fin tiene a su disposición, de una parte, los mecanismos relacionados con la acción de la fuerza pública y la colaboración con la rama judicial. De otra parte, de manera complementaria puede acudir a los procesos de paz negociada. Es de su resorte evaluar la conveniencia de acudir a estos mecanismos. En todo caso, nunca puede renunciar a su deber de proteger a la población.
2. La paz es un camino humanista, y le da al Presidente de la República amplias facultades con la finalidad única de facilitar el desarrollo de los procesos de paz y lograr la terminación de la violencia armada. Entre ellos, se encuentra la facultad de suspensión de órdenes de captura. La valoración que haga el Presidente del uso de esta facultad obliga a que se establezcan todos los protocolos y garantías para evitar que la suspensión de órdenes de captura sea usada para fines distintos al fin de la violencia y la consecución de la paz.
El hecho ocurrido en Anorí, en julio de 2024, generó dudas sobre el uso adecuado de la suspensión de las órdenes de captura por parte de alias “Calarcá Córdoba” y otros representantes en la mesa de paz. Esto se debe a que se verificó el traslado de integrantes del grupo armado que no contaban con dicha suspensión, así como el transporte de dinero, armas y un menor de edad.
3. Hoy enfrentamos dos imágenes contrapuestas del proceso con el estado mayor de bloques y frentes (EMBF): la que muestran las decisiones formales de la mesa de diálogo y la que revela la realidad en los territorios. ¿A cuál debemos darle mayor credibilidad?
En el papel, el EMBF se comprometió a suspender el reclutamiento, concentrarse en una zona de ubicación temporal, respetar el proceso electoral y avanzar hacia la paz. Incluso ha realizado gestos como la liberación de personas secuestradas.
En la realidad, observamos el aumento de sus hombres en distintas regiones del país, dificultades para garantizar su concentración en condiciones adecuadas que permitan avanzar hacia un proceso real de desarme, continúa el reclutamiento —e incluso su justificación—, así como una expansión territorial y un control poblacional creciente. A esto se suman declaraciones públicas del propio comandante que ponen en duda su voluntad de transitar hacia la paz.
Por otra parte, algunos voceros del grupo armado, con roles de liderazgo y participación en el proceso de paz, han manifestado públicamente su rechazo a la dejación de armas. A ello se suma el reciente informe de Caracol TV, que plantea presuntos planes que se apartarían del camino de la paz. En paralelo, se evidencia un incremento en el número de integrantes en distintas regiones del país, así como una expansión territorial y un mayor control sobre la población en zonas como Caquetá, Huila, Tolima, Meta, Guaviare y Catatumbo. Además, la concentración en la zona de ubicación temporal no se ha concretado.
En este contexto, solo la implementación efectiva del mecanismo formal de verificación acordado en el último ciclo permitirá establecer si los compromisos asumidos se reflejan en hechos reales.
En ejercicio de su facultad constitucional para impulsar o mantener salidas negociadas al conflicto armado, el Presidente debe evaluar de manera integral tanto los acuerdos alcanzados como la información proveniente de diversas fuentes sobre el comportamiento de los grupos armados. Es necesario exigir hechos que demuestren una voluntad auténtica de paz, en particular una reducción efectiva de las afectaciones a la población. Para ello, resulta indispensable contar con herramientas sólidas de monitoreo y verificación de los acuerdos humanitarios.
4. Esta situación se agrava por las revelaciones recientes sobre presuntos nexos entre este grupo armado y miembros de la Fuerza Pública en varias zonas del país, y con altos funcionarios del Estado en el Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia. De ser ciertas, indicarían, no solo un plan distinto de parte del grupo, sino cuestionamientos sobre la integridad de todo el Gobierno en un proceso incorruptible que conduzca a la paz.
Es urgente que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación adelanten las investigaciones penales y disciplinarias con celeridad, independencia e imparcialidad, e informar sus avances y resultados con transparencia y respeto del debido proceso. Mientras que se esclarecen estos hechos, es imprescindible que sus superiores adopten medidas inmediatas que garanticen la integridad de las investigaciones y eviten cualquier interferencia, para lo cual se sugiere evaluar el retiro de la función de las personas que pudieran estar comprometidas en los presuntos hechos de corrupción.
5. El país pide hechos de paz. El sufrimiento de la población civil en zonas de influencia del EMBF no puede continuar mientras que sobre el proceso de conversaciones crecen las dudas. Solicitamos al Estado Mayor de los Bloques y Frentes a que honren su palabra con laliberación inmediata, masiva e incondicional de todos los niños, niñas y adolescentes que se encuentren reclutados en sus filas. Con RSF
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