El gobierno nacional de Colombia respondió con firmeza al anuncio del Ejército de Liberación Nacional (ELN) sobre un paro armado, calificándolo como un acto de terrorismo que afecta a la población civil y rechazando cualquier intento de intimidación a través de la violencia.
Según fuentes oficiales, el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Defensa han coordinado el despliegue de la Fuerza Pública en las regiones más vulnerables, especialmente en zonas rurales del Pacífico, Catatumbo y el sur del país, donde el ELN mantiene mayor presencia. Las autoridades han hecho un llamado a la población a mantener la calma y reportar cualquier situación irregular a las líneas de emergencia.
¿Qué es un paro armado?
Los paros armados son una táctica utilizada históricamente por el ELN como mecanismo de presión política y demostración de control territorial. Durante estos paros, la guerrilla impone restricciones forzadas a la movilidad de civiles mediante amenazas y actos violentos, prohibiendo el tránsito por carreteras, el funcionamiento del transporte público y, en ocasiones, la apertura de comercios.
El grupo suele anunciar estas medidas en contextos específicos: como presión durante procesos de negociación, en respuesta a operaciones militares, para protestar por políticas gubernamentales o para visibilizar su presencia en determinados territorios. Las restricciones se hacen cumplir mediante intimidación, ataques a vehículos que circulen y sabotajes a infraestructura como oleoductos y torres eléctricas.
Las comunidades más afectadas son las rurales y habitantes de zonas con presencia guerrillera, quienes quedan aislados sin acceso a servicios básicos, alimentos o atención médica durante los días que dure el paro.
Rechazo oficial
El Alto Comisionado para la Paz emitió un comunicado expresando preocupación por el impacto que estas acciones tienen sobre las comunidades. El gobierno reiteró su compromiso con la búsqueda de la paz, pero enfatizó que el diálogo no puede coexistir con acciones violentas contra la población.
Estas medidas han sido ampliamente condenadas por organismos de derechos humanos como violaciones al Derecho Internacional Humanitario, que protege a la población civil en contextos de conflicto armado.
Las autoridades mantienen activos los protocolos de seguridad y continúan monitoreando la situación en tiempo real.
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