El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el Gobierno nacional prepara un paquete de medidas para contener prácticas especulativas en precios de bienes y servicios esenciales, luego del incremento del salario mínimo para el presente año.
La estrategia, según explicó el funcionario desde Valledupar, busca evitar que el aumento del ingreso de los trabajadores sea neutralizado por alzas injustificadas en sectores clave de la economía.
Sanguino sostuvo que el ajuste salarial debe analizarse dentro del contexto del desempeño reciente de la economía colombiana. De acuerdo con las cifras presentadas por el ministro, el salario mínimo se incrementó en un 37,6 % hasta diciembre del año pasado y, con el aumento adicional del 23 %, el acumulado durante el actual Gobierno superará el 50 % en el cuatrienio.
Según el jefe de la cartera laboral, cuando el actual Gobierno asumió, la economía crecía a un ritmo cercano al 1 %, mientras que hoy registra una expansión del 2,9 %. La inflación, que se encontraba alrededor del 14 %, cerró en 5,1 %, y la tasa de desempleo se ubica en el 8 %. En paralelo, la informalidad laboral habría descendido al 55 %.
Para el ministro, estos indicadores respaldan la tesis de que un mayor ingreso para los trabajadores fortalece la demanda agregada y genera un círculo virtuoso de crecimiento económico, creación de empleo, reducción de la informalidad y mejora general en la actividad productiva. “Más ingresos significan mayor consumo, y eso dinamiza la economía”, señaló.
CONTROL DE PRECIOS
No obstante, el Gobierno reconoce que el aumento del salario mínimo suele venir acompañado de incrementos desproporcionados en algunos precios. Frente a este fenómeno, Sanguino fue enfático en que se adoptarán correctivos. “Vamos a dar un ‘tatequieto’ a los especuladores de precios”, declaró.
Entre las medidas en proceso de definición se encuentra una intervención más activa de la Superintendencia de Transporte sobre las tarifas del transporte público en las principales ciudades del país. El ministro explicó que estos precios no pueden incrementarse automáticamente con base en el salario mínimo, ya que deben responder a otros indicadores económicos. “Las tarifas del transporte público no están atadas al salario mínimo. El referente debe ser la inflación o el Índice de Precios al Consumidor”, precisó.
En ese sentido, advirtió que el Gobierno no permitirá aumentos unilaterales por parte de las administraciones locales. “Vamos a poner un tatequieto a ese tipo de decisiones de los alcaldes en el país”, afirmó, al asegurar que los ajustes deben ser razonables y técnicamente justificados.
El control de precios también se extenderá al mercado de vivienda. Sanguino recordó que ya fue publicado un decreto orientado a la desindexación de ciertos costos, con el fin de controlar el precio de la vivienda de interés social (VIS) y prioritario (VIP). La norma apunta a evitar que el precio final de estas viviendas y las promesas de compraventa se pacten en salarios mínimos y no en valores monetarios fijos.
Según el ministro, algunos constructores han utilizado esta práctica para trasladar automáticamente los incrementos del salario mínimo al precio de la vivienda, encareciendo el acceso a este bien esencial. “Se trata de medidas para evitar abusos y frenar la especulación con bienes y servicios que impactan directamente la calidad de vida de la gente”, explicó.
Adicionalmente, el funcionario señaló que en las grandes ciudades tampoco deberían incrementarse de manera automática los cánones de arrendamiento de apartamentos multifamiliares ni los costos de administración, dado que estos rubros no están legalmente atados al salario mínimo.
“No se trata de congelar la economía, sino de impedir que algunos actores aprovechen el aumento del salario mínimo para generar fenómenos especulativos”, concluyó el funcionario de Gobierno.
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