La Contraloría General de la República inició una indagación preliminar para establecer si existieron irregularidades en el contrato suscrito entre la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur) y la empresa Dibanka S.A.S., acuerdo que tenía como propósito la transformación digital de los trámites dirigidos a los afiliados de la entidad.
La actuación del ente de control se produjo luego de una auditoría que identificó inconsistencias en la ejecución del convenio, de acuerdo con información conocida por Semana.
Casur es la entidad encargada de administrar el pago de pensiones de oficiales, suboficiales y personal ejecutivo retirado de la Policía Nacional, además de coordinar programas de bienestar, servicios sociales y recreación.
El vínculo contractual con Dibanka se inició cuando la empresa fue seleccionada como operadora de la plataforma de libranzas de la institución, un sistema clave para la gestión de descuentos y servicios financieros de los pensionados.
De acuerdo con los hallazgos recopilados en la auditoría, las alertas internas, denuncias disciplinarias y reportes fiscales que se presentaron durante la vigencia del contrato motivaron la revisión detallada del convenio. Ese proceso permitió identificar posibles fallas en la planeación y ejecución del proyecto tecnológico, lo que derivó en la apertura formal de la indagación preliminar que actualmente adelanta la Contraloría.
El informe de auditoría, revelado por Semana, señaló que el contrato presentaba gastos injustificados, porcentajes sin sustento técnico y falta de claridad en las cuentas relacionadas con los servicios prestados. Según el documento, el diseño del convenio no ofrecía información suficiente sobre la trazabilidad de los recursos ni sobre los criterios utilizados para definir ciertos cobros efectuados a la entidad pública.
Otro de los aspectos examinados fue la estructura de subcontratación implementada por Dibanka. La Contraloría evidenció que la empresa celebró acuerdos con la Fundación Donarte, entidad que, según el informe, funciona en la misma dirección. Para el ente de control, no existe claridad sobre los valores facturados ni sobre la naturaleza exacta de los servicios prestados, situación que incrementó las dudas sobre la transparencia del manejo de los recursos.
El organismo de control también advirtió deficiencias estructurales, operativas, contractuales y contables que podrían comprometer la legalidad y eficacia de la administración de fondos públicos destinados al proyecto. Estas observaciones llevaron a la Contraloría a evaluar si los riesgos identificados en la auditoría se materializaron y si tuvieron impacto directo sobre los pensionados y sobre las finanzas de Casur.
Dentro de los puntos cuestionados se encuentra la ausencia de soportes claros y definidos del objeto contractual, así como la falta de documentación que respalde algunos pagos realizados. El informe indicó que esta situación generó incertidumbre sobre la integridad de la cuenta, la validez de los soportes documentales y la forma en que se tomaron decisiones financieras al interior de la entidad.
La Contraloría también examinó la reducción porcentual pactada a favor de Casur dentro del convenio. Según el ente de control, no se encontró una justificación razonable que explicara cómo se fijó ese porcentaje ni los criterios técnicos utilizados para establecer la devolución a favor de la entidad por los productos y servicios contratados.
Las irregularidades alertadas no se limitaron al contrato principal. El ente de control revisó un subcontrato celebrado entre Dibanka y la Fundación Donarte para actividades de concientización sobre salud mental y física dirigidas a policías retirados. En este punto, no se hallaron soportes que definieran con precisión la ejecución, los objetivos ni el alcance de las acciones previstas.
Otro aspecto analizado fue un compromiso contractual relacionado con un proyecto vacacional en Apulo, Cundinamarca. De acuerdo con testimonios de policías en retiro citados en la auditoría, en el lugar señalado “no hay ladrillo sobre ladrillo”. La Contraloría, además, identificó un presunto daño patrimonial por 1.600 millones de pesos, cifra que fue destacada dentro del informe como uno de los elementos a esclarecer.
Las quejas que originaron la intervención de los entes de control comenzaron a recibirse desde 2020, cuando Casur anunció que Dibanka sería su operador tecnológico. Algunas denuncias señalaron que la empresa habría sido constituida meses después de dicha notificación, mientras que otras advertían posibles conflictos relacionados con la firma que recomendó su selección.
Desde hace varios años, pensionados, funcionarios y policías retirados han manifestado inquietudes por descuentos sin explicación detallada, riesgos en el manejo de datos personales y ausencia de una planeación contractual clara. Con Infobae
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