La Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, se declaró en contra de la posición del Gobierno Nacional de mantener el ajuste del salario mínimo del 23,7%, tras advertir riesgo para más de 700 mil empleos formales y mayor dificultad de consegur un empleo digno para 13 millones de informales y 2,1 millones de desempleados.
Además, expresó gran preocupación por más de un millón de micro y pequeñas empresas, que conforman el 93 % del tejido empresarial, que, aseguró, no podrán asumir ese incremento.
El presidente de la agremiación del comercio, Jaime Alberto Cabal, asistió a la sesión de la comisión de concertación celebrada este domingo, a la cual presentó una carta en la cual expuso estos criterios, advirtiendo que se debía dar estricto cumplimiento a la orden impartida por el Consejo de Estado , que exige que el nuevo decreto de salario mínimo, que deberá expedir el Gobierno Nacional dentro del término de ocho días, se ajuste plenamente a lo dispuesto en la Ley 278 de 1996.
De acuerdo con el vocero de los comerciantes, el Alto Tribunal fue preciso al señalar que el decreto suspendido no explicó de manera concreta y verificable cómo los factores legales —inflación, productividad, crecimiento del PIB y demás variables— incidieron en el porcentaje fijado.
“Aunque las cifras fueron mencionadas, no fueron ponderadas ni se presentó una operación lógica que permitiera reconstruir el peso específico de cada variable en la determinación final”, indicó.
Subrayó que la decisión judicial dejó claro que el nuevo decreto debe basarse únicamente en los factores que precisa la ley, que todas las cifras deben provenir de fuentes oficiales, que no se puede repetir el contenido del decreto suspendido y que el Gobierno Nacional es el responsable de expedir el nuevo acto dentro del plazo fijado.
Así mismo, el dirigente gremial afirmó que la etapa de concertación ya se surtió y las cifras oficiales están definidas.
“No es posible reabrir la discusión ni cambiar los parámetros técnicos establecidos. El Consejo de Estado no autorizó modificar los datos ni las cifras utilizadas; por el contrario, insistió en que toda estadística debe estar respaldada por su fuente oficial. Este no debe convertirse en un debate ideológico ni político. Cuando el salario mínimo se aparta de la productividad y de la inflación real, se afecta el empleo formal y se generan presiones inflacionarias adicionales”, afirmó.
Añadió que como lo ha señalado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su “Guía sobre políticas del salario mínimo”, al fijar la cuantía del salario mínimo los responsables de política pública deben considerar los factores económicos. Un salario mínimo demasiado alto o un reajuste excesivo puede generar repercusiones inesperadas al incrementar significativamente los costos laborales para los empleadores.
Igualmente advirtió que los efectos de un incremento desproporcionado del salario mínimo ya empiezan a sentirse. Al comparar la inflación anual de enero de 2025 con la de enero de 2026, se evidencian fuertes aumentos en sectores como transporte (25 %), comida fuera del hogar (39 %) y salud (20 %), incrementos que golpean con mayor fuerza a los colombianos de menores ingresos, precisó.
Asi mismo indicó que si el aumento no tiene en cuenta la productividad ni la inflación real, podría traducirse en la pérdida de más de 700.000 empleos formales, en un país que ya cuenta con 2.1 millones de desempleados y más de 13 millones de trabajadores informales, según el DANE.
Además señaló que un ajuste del 23,7 % del salario mínimo dificulta aún más el acceso al empleo formal para quienes hoy no tienen trabajo. Además, más de un millón de micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 93 % del tejido empresarial, enfrentarían mayores dificultades, en un contexto donde ya se registran alzas superiores al 20 % en cuotas de administración debido al aumento en los costos de vigilancia, en medio de serios problemas de seguridad.
Cabal dijo que el comercio, principal generador de empleo en Colombia, necesita reglas claras y decisiones previsibles. Insistir en un incremento desproporcionado debilitaría especialmente a las micro y pequeñas empresas, desplazando trabajadores hacia la informalidad y afectando a miles de familias con una eventual pérdida del poder adquisitivo.
“La mejor política salarial es aquella que garantiza crecimiento, empleo y confianza en el mediano y largo plazo, no la que promete más en el corto plazo, especialmente en contextos preelectorales, y termina afectando negativamente a todos los colombianos”, concluyó Cabal Sanclemente.
