La orden de desalojo que debía ejecutarse el próximo 31 de agosto en el predio Sabana 1, en Valledupar, quedó temporalmente suspendida por decisión del Juzgado Tercero de Familia de esta ciudad.
La determinación fue adoptada el pasado 18 de agosto por la juez Ana Milena Saavedra Martínez, dentro de una acción de tutela instaurada por Magalis Calvo Rojano y otros habitantes de los asentamientos Guasimales, Altos de Pimienta, Bello Horizonte II y Brisas de la Popa.
El despacho judicial admitió la acción constitucional y, al estudiar la solicitud de una medida provisional, consideró necesario detener de manera temporal la diligencia de restitución del inmueble. Por ello, ordenó a la Alcaldía de Valledupar y a la Inspección Séptima Urbana de Policía abstenerse de ejecutar el procedimiento hasta que sea emitida y notificada la decisión que resuelva de fondo la tutela.
CONFLICTO VIGENTE
El terreno es reclamado por Mauricio Pimiento Naranjo, quien sostiene derechos sucesorales sobre el inmueble, perteneciente a los herederos del mayor Alberto Pimienta Cotes.
Mientras avanza la disputa jurídica, el predio permanece ocupado desde 2008 por familias que levantaron allí cuatro asentamientos. La dimensión del problema social ha convertido el cumplimiento de la orden judicial en uno de los procesos de desalojo más complejos de Valledupar.
Las estimaciones sobre el número de habitantes superan las 20.000 personas. Entre ellas se encuentran menores de edad, adultos mayores, personas con discapacidad y población víctima del conflicto armado, circunstancias que han sido expuestas durante los distintos procedimientos adelantados para dar cumplimiento a las decisiones judiciales.
