El Estado colombiano obtuvo una victoria legal importante en una disputa con la empresa estadounidense de exploración y producción de hidrocarburos Hupecol. La multinacional había demandado al país por más de 20.000 millones de pesos y cerca de 12 millones de dólares estadounidenses por daños y costos de oportunidad.
La disputa giraba en torno a la revocación de la licencia ambiental de 2016, que otorgaba a Hupecol el derecho de explorar petróleo en La Macarena, cerca de Caño Cristales, considerado uno de los ríos más bellos del mundo. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) anuló la licencia debido a preocupaciones ambientales, especialmente por la proximidad del proyecto a la maravilla natural.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictaminó que Colombia no tiene la obligación de pagar ninguna compensación a Hupecol. Argumentó que la revocación de la licencia no violó los derechos de la empresa, ya que estas licencias son temporales y sujetas al interés público. Además, recordó a Hupecol la necesidad de cumplir con la normativa colombiana, especialmente en lo que respecta a la protección ambiental.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) presentó en un comunicado que la decisión de la Anla no permitió que siguiera en curso el proyecto de hidrocarburos en el Bloque Serranía, “un área de especial importancia ecosistémica” entre los departamentos de Meta y Caquetá.
El director general encargado de la Andje, Jhon Camargo, explicó que esta es una muestra del esfuerzo del Gobierno por preservar el medio ambiente: “Esta sentencia ratifica que las políticas del Gobierno en materia de protección ambiental y desescalamiento gradual del modelo extractivista son el camino para enfrentar el cambio climático”. Camargo ratificó que los intereses económicos no pueden estar sobre los derechos ambientales.
La historia de cómo la Anla le revocó la licencia ambiental a la petrolera
En total, el Estado se enfrentaba a pagar más de 65.000 millones de pesos por la demanda a la multinacional. Según información de BBC Mundo, la empresa había realizado una inversión que incluía un millón de dólares para llevar a cabo un estudio de impacto ambiental. Este estudio estaba relacionado con un proyecto en el cual la empresa tenía interés desde 2008, que implicaba la exploración de más de 30.000 hectáreas con miras a una posible extracción de crudo.
De acuerdo con un reporte de El Espectador, expertos ambientalistas expresaron su preocupación debido a que el proyecto de exploración, que contemplaba la perforación de 150 pozos distribuidos en 15 plataformas, se encontraba ubicado a unos 68 kilómetros del reconocido Caño Cristales.
En este contexto, el Tribunal Administrativo señaló que, según la jurisprudencia predominante del Consejo de Estado, en este tipo de casos no existen “derechos adquiridos”. Explicaron que las licencias ambientales son temporales y, por lo tanto, pueden ser modificadas por normativas posteriores, ya que están subordinadas al interés público. Esta interpretación fue dada a conocer por el medio colombiano mencionado. Con Infobae
